La fiscal general del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, compareció ante el Congreso Local el 21 de enero de 2026, en un evento que ha generado amplio impacto mediático y político. En esta comparecencia, Jiménez Aguirre abordó diversos temas sensibles sobre la procuración de justicia, el respeto a la libertad de expresión y las acciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ante casos de alto perfil.
Durante su intervención ante los diputados locales, la fiscal negó de forma categórica que exista persecución contra periodistas u otros grupos sociales en Veracruz. Ante cuestionamientos directos por la detención del periodista Rafael León Segovia, acusándolo inicialmente de terrorismo, Jiménez Aguirre aseguró que las acciones del organismo se sustentan en criterios jurídicos y resoluciones judiciales, no en presiones políticas o ideológicas.
En su comunicado la Fiscalía de Veracruz publicó en su red Facebook las siguientes acciones como prioritarias:
• La firma de convenios de coordinación interinstitucional: con el Poder Judicial del Estado, para fortalecer la capacitación, el intercambio de información y las acciones conjuntas; y con la Secretaría de Finanzas y Planeación, que permite el acceso a su base de datos para mayor celeridad y eficacia en las investigaciones.
• En materia de derechos fundamentales, se atendieron y aceptaron diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo local, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, la reparación del daño y la dignidad de las víctimas.
• Se fortaleció el trabajo de vinculación y acompañamiento con colectivos LGBTQ+, Feministas y de Personas Desaparecidas, estableciendo una coordinación permanente que priorice la atención de investigaciones relacionadas con crímenes de odio y desapariciones, fortaleciendo los mecanismos de colaboración institucional.
• Destaca también el fortalecimiento integral de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, mediante la creación de nuevas oficinas especializadas, la ampliación de personal, la mejora de instalaciones y el incremento de su capacidad operativa.
• Se puso en marcha la ventanilla única virtual para la solicitud de órdenes de cateo y diligencias sujetas a control judicial, reduciendo de manera significativa tiempos y trámites burocráticos.
• De igual forma, se inició una agenda de digitalización y modernización, entre la que sobresale el proyecto de la Carpeta de Investigación Digital, orientado a desarrollar un sistema de gestión novedoso y eficiente que facilite el acceso de las víctimas a la justicia.
• En Álamo, para atender la problemática que existe en la zona norte en materia de preservación de cuerpos, se iniciaron las gestiones a fin de atender un asunto de suma importancia que ha sido postergado y que responde al reclamo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo cual implica la ampliación de un espacio destinado a este fin, el cual será equipado con una cámara de conservación, una estación de necropsia y otra destinada a los trabajos de exhumación, así como una planta de tratamiento de aguas rojas y un sistema de limpieza de aire con ozono, proyecto cuya implementación se tiene prevista para el primer semestre del año.
La Fiscal General destacó también resultados favorables en áreas sustantivas, como la concreción de acuerdos reparatorios, la judicialización de carpetas de investigación, así como la obtención de vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias por parte de las siete Fiscalías Regionales. De igual forma, subrayó el trabajo realizado por las Fiscalías Especializadas en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, así como en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, particularmente en la atención directa a la ciudadanía, las visitas a centros penitenciarios y la prestación de orientación y asistencias jurídicas.
En materia de delitos de alto impacto, señaló que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión destacó en el rescate de víctimas y la obtención de sentencias condenatorias con penas de hasta 140 años de prisión. Paralelamente, la Dirección General de la Policía Ministerial cumplimentó órdenes de aprehensión y aportó informes policiales integrados a las carpetas de investigación, mientras que la Dirección General de los Servicios Periciales fortaleció los procesos ministeriales mediante la emisión de dictámenes e informes técnicos especializados.
Asimismo, el Centro de Evaluación y Control de Confianza evaluó a personal operativo y otorgó Certificados Únicos Policiales a elementos de la Policía de Investigación. A estos esfuerzos se suman acciones de capacitación, certificación y visitas de control administrativo que fortalecen el desempeño institucional por parte de otras áreas esenciales que integran la institución.
TEXTO/AV/FISCALIAVERACRUZ
IMAGEN/FBFISCALIA
